Taxi vs. VTC: lo que no se ve

Más allá de la huelga que mantiene el sector del taxi en Madrid desde hace semanas, y que también se vivió en Barcelona hasta que la Generalitat aceptó parte de las demandas del sector, la guerra entre taxistas y dueños de licencias VTC está lejos de encontrar un final.

Gran parte de las disputas que se están llevando a cabo no son las que se están realizando en las calles, si no las que se materializan y desarrollan en juzgados y bufetes de abogados, siendo estas más importantes que las que se dejan ver continuamente en los medios de comunicación. Y estas no se centran solo en nuestro territorio, también están llegando a distintos puntos de nuestro continente.

La situación actual

En los bufetes ya se nota el efecto que este conflicto tiene en su propia actividad, pues son más de una veintena de grandes firmas las que están asesorando en alguna de las múltiples ramificaciones jurídicas del enfrentamiento entre taxistas y dueños de licencias VTC. Eso sin contar las boutiques y los abogados internos de compañías y patronales que también están liderando estos temas.

Ambos colectivos han acudido a los tribunales, aunque se aprecia claramente que es el sector de las VTC el que más esfuerzos está haciendo a la hora de contratar asesores legales. Desde las patronales y gremiales del taxi explican que, si bien en algunos casos también trabajan con abogados externos de firmas de renombre, gran parte de sus acciones las están liderando sus asesores tradicionales, ya sean letrados internos o bien de pequeñas boutiques. Por ejemplo, el mediático Elpidio Silva, quien fuera juez del caso Blesa y actualmente al frente de su propio despacho, lidera la demanda por competencia desleal que han interpuesto más de 750 taxistas agrupados bajo la Plataforma Integral del Taxi. La acción se dirige no sólo contra Uber y Cabify, sino también contra empresas dueñas de licencias VTC.

Aun así, el mayor frente judicial es el que representan los gestores de los vehículos de transporte con conductor. Uno de los últimos es el que anunció la semana pasada Moove Cars, que ha contratado a Clifford Chance para reclamar a la Generalitat por el último cambio de regulación del sector. Según sus propios cálculos iniciales, la nueva normativa podría suponer, sólo para esta compañía, pérdidas de alrededor de 400 millones de euros. El resto del sector también ha contratado asesores para estudiar su oposición a este decreto, además de solicitar indemnizaciones.

¿Quienes están detrás?

También está pendiente un recurso contencioso-administrativo contra el reglamento metropolitano sobre VTC, aprobado el 26 de junio de 2018 en Barcelona.

Sin duda, el otro gran frente es el real decreto que el Gobierno central aprobó el año pasado, al que también se ha opuesto judicialmente el sector, al tiempo que iniciaba los trámites para solicitar las indemnizaciones correspondientes.

Por último, ya se han presentado las primeras reclamaciones en la Unión Europea (UE), que también deberá pronunciarse sobre las diferentes normativas que se han aprobado en España en los últimos meses, en función de si esta regulación es acorde o no a las directrices marcadas desde la UE.

Como podemos observar, detrás de cada circunstancia que causa revuelo en los medios de comunicación, existe un equipo de abogados que lucha, de forma silenciosa pero constante, para encontrar la razón donde realmente es importante: los juzgados.


Fuente: Expansión