Evolución legislativa sobre la reclamación para la devolución de los gastos hipotecarios

La reclamación de los gastos derivados de la constitución de hipoteca siguen dando de qué hablar tanto por el número de afectados como por las dudas legales que surgen. Los hipotecados tienen derecho a reclamar los gastos hipotecarios devengados del préstamo hipotecario como resolvió el Pleno del Tribunal Supremo en Sentencia de 23 de diciembre de 2015.

En la actualidad y al respecto de los conceptos reclamables por los gastos hipotecarios sí que está pendiente de la evolución jurisprudencial en relación a los gastos de tasación del inmueble, porque aunque son gastos que impone el banco al prestatario para la concesión del préstamo hipotecario.

El pasado 6 de noviembre, el Juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Quart de Poblet, desestimó el recurso de Bankia y la condena a la entidad financiera de restituir a los clientes los gastos de Notario, Registro de la Propiedad, gestoría e Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

Esta Resolución abre la puerta a que los valencianos puedan recuperar el dinero de los gastos de constitución de hipoteca, incluido el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD).

Esta postura adoptada por la Audiencia Provincial de Valencia, no es unánime en los tribunales españoles, pues varios Juzgados y Audiencias no han incluido en sus resoluciones el importe del IAJD dentro de los gastos hipotecarios que debe asumir el banco. Pero sin duda, esta sentencia abre el camino y mejora las esperanzas de miles de hipotecados que buscan recuperar el dinero que indebidamente pagaron por la constitución de su hipoteca.

La Audiencia de Valencia sentencia que el impuesto de actos jurídicos de la hipoteca lo pague el consumidor

Se estima parcialmente el recurso de una entidad bancaria contra una resolución anterior de un juzgado, pero sí se consideran abusivos otros gastos.

La Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia ha estimado parcialmente la demanda de un consumidor y ha anulado varias cláusulas del contrato de préstamo hipotecario suscrito con una entidad bancaria por considerarlas abusivas.

La Sala considera que las cláusulas que imputan al prestatario los gastos por vencimiento anticipado, los de tasación y los aranceles notariales y registrales son abusivos. Mantiene, no obstante, que el Impuesto de Actos jurídicos Documentados, conforme a la normativa tributaria vigente, ha de pagarlo el consumidor.

Se trata del primer pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Valencia en este sentido. La Sección Novena esta especializada en Mercantil y asume los asuntos relacionados con las condiciones generales de contratación. Por este motivo esta Sección de la Audiencia verá la práctica totalidad de los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Primera Instancia sobre cláusulas abusivas en contratos de préstamo hipotecario.

Revoca la devolución

El tribunal estima parcialmente el recurso interpuesto por la entidad financiera contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 5 de la capital y revoca la condena impuesta por este al banco para que devolviera al consumidor el dinero pagado por el Impuestos de Actos Jurídicos Documentados.

La decisión de la Sección Novena de la Audiencia de Valencia sobre este impuesto “se alinea con la posición absolutamente mayoritaria en la jurisprudencia de las audiencias provinciales que han enjuiciado la acción de restitución anudada a la de nulidad de tal clase de pacto en préstamos hipotecarios”. En el mismo sentido ya se han pronunciado las audiencias provinciales de Pontevedra, Oviedo, A Coruña, Palencia, La Rioja, Cantabria y Alicante.

El TSJCV afirma que el fallo de la Audiencia de Valencia que señala al cliente del banco como sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados es la línea que seguir

La Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia ha estimado parcialmente la demanda de un consumidor y ha anulado varias cláusulas del contrato de préstamo hipotecario suscrito con una entidad bancaria por considerarlas abusivas, pero mantiene, no obstante, que el Impuesto de Actos jurídicos Documentados (AJD), conforme a la normativa tributaria vigente, ha de pagarlo el consumidor.

Este fallo es contradictorio con otro dictado el pasado 6 de noviembre por la Sección Séptima de la misma Audiencia Provincial, que desestimó un recurso de Bankia y confirmó una sentencia que decía que es el banco el que debe asumir ese impuesto autonómico que en la Comunitat Valenciana es del 1%.

Según destacó este miérecoles el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicado, el de la Sección Novena es el primer pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Valencia que señala al cliente como sujeto pasivo.

Y es relevante, porque según el TSJCV, “la Sección Novena está especializada en Mercantil y asume los asuntos relacionados con las condiciones generales de contratación. Por este motivo esta Sección de la Audiencia verá la práctica totalidad de los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Primera Instancia sobre cláusulas abusivas en contratos de préstamo hipotecario”.

La decisión de la Sección Novena “se alinea con la posición absolutamente mayoritaria en la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales que han enjuiciado la acción de restitución anudada a la de nulidad de tal clase de pacto en préstamos hipotecarios”, según el TSJCV, que destaca que en el mismo sentido ya se han pronunciado las Audiencias Provinciales de Pontevedra, Oviedo, A Coruña, Palencia, La Rioja, Cantabria y Alicante.

El fallo estima parcialmente el recurso interpuesto por una entidad financiera, que el TSJCV no identifica, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 5 de València y revoca la condena impuesta por este al banco para que devolviera al consumidor el dinero pagado por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

En concreto, la Sala considera que las cláusulas que imputan al prestatario los gastos por vencimiento anticipado, los de tasación y los aranceles notariales y registrales son abusivas, pero respecto al impuesto de AJD, que con diferencia supone el coste más abultado de la formalización de una hipoteca –de media oscila entre 3.000 y 4.000 euros–, considera que ha de soportarlo el cliente.

Quién puede reclamar

Independientemente de la doctrina que se acabe imponiendo respecto al impuesto de AJD, sobre el resto de los gastos las sentencias van todas en el mismo sentido.

Desde Valero & Garrigues, queremos informaros sobre el plazo para reclamar la devolución de dichas cantidades, que varía en función de la fecha de formalización del préstamo hipotecario, de forma que si continúa vigente, se podrá solicitar en cualquier momento, mientras que si ya ha vencido, solo podrá solicitarse si el último pago se efectuó dentro de los cuatro años anteriores a la fecha de la Sentencia del Tribunal Supremo, que es el 23 diciembre de 2015.

En principio, dicha previsión se establece únicamente para los contratos formalizados por consumidores y usuarios. No obstante, desde nuestro despacho, tenéis la posibilidad de examinar cada supuesto en particular, por cuanto podría extenderse dicho régimen de protección en aquellos préstamos hipotecarios donde no haya existido negociación alguna entre las partes (sea el prestatario persona física o jurídica) sobre la previsión de dichos gastos.