Este año 2020 prescribirán las deudas generadas entre 2005 y 2015

A partir del 7 de octubre de 2015 el periodo para reclamar deudas es de 5 años

 

1. La acción hipotecaria prescribe a los veinte años.

2. Las acciones personales que no tengan plazo especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación. En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada vez que se incumplan.

art 1964 cc

 

Con fecha 6 de octubre de 2015 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 42/2015, de 5 de octubre de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Entre otras cosas, a través de su disposición final primera, esta Ley modifica el artículo 1964 del Código Civil (por primera vez desde su aprobación) para reducir a cinco años el plazo de prescripción para el ejercicio de acciones personales que no tuvieran previsto un plazo especial – frente al plazo de quince años anterior a esta modificación. Asimismo, se aclara que el cómputo de este plazo de prescripción empieza a computarse desde el momento en que se pudiera exigir el cumplimiento de la obligación incumplida y que, en el caso de obligaciones “continuadas” o de tracto sucesivo, el plazo comenzará cada vez que se incumplan.

Esta modificación entró en vigor el 7 de octubre de 2015, debiendo aplicarse conforme a lo previsto en la disposición transitoria quinta de la Ley 42/2015, que se remite al artículo 1939 del Código Civil, en cuya virtud debe entenderse que la prescripción iniciada antes de la referida entrada en vigor se regirá por la regla anterior (quince años), si bien si desde dicha entrada en vigor transcurriese todo el plazo requerido por la nueva norma (cinco años), la prescripción surtirá efecto. Es decir, la prescripción iniciada antes del 7 de octubre de 2015 surtirá efecto cuando se alcance antes bien el quinto aniversario de dicha entrada en vigor o bien la fecha en la que finalice el plazo de quince años desde su inicio.

 

En este nuevo año 2020, como acreedor debes tener en cuenta los nuevos plazos de prescripción.

¿Por qué? La Ley 42/2015 de 5 de octubre, además de varias reformas adicionales, también reformó el artículo 1964 del Código Civil, reduciendo de 15 a 5 años el plazo general del régimen de prescripción establecido para las acciones personales.

Se llevó a cabo en sintonía con nuevo régimen de Segunda Oportunidad para las personas físicas establecido por el Real Decreto-Ley 1/2015, que estableció ese nuevo plazo de prescripción.

¿Consecuencias? Todas las deudas que se contrajeran después del 7 octubre de 2015 prescriben a los cinco años desde el momento en que se pueda exigir su abono. Las que sean posteriores al 7 de octubre de 2005 pero anteriores al 7 de octubre de 2015 prescriben el 7 de octubre de 2020.

A las anteriores al 7 de octubre de 2005 hay que restarles el plazo que media desde que se pudo exigir su cumplimiento y los 15 años.

 

Como acreedor deberás tener en cuenta esos nuevos plazos y actuar en consecuencia.

 

¿En qué consiste la prescripción?

El correcto entendimiento de este concepto exige una previa, aunque breve referencia, al propio instituto de la prescripción, que, en su sentido más amplio, supone la consolidación jurídica de una situación de hecho que, por su perduración en el tiempo, alcanza pleno reconocimiento en Derecho. Como tal, el instituto de la prescripción comprende dos figuras opuestas; como prescripción adquisitiva (usucapión, o «usucapio»), es forma de adquisición del dominio y demás derechos reales por la posesión pública, pacífica, en concepto de dueño y no interrumpida del derecho o la cosa durante el tiempo que la Ley establece; frente a la prescripción extintiva, auténtica causa de extinción de los derechos y las acciones, de cualquier clase que sean, por el transcurso del tiempo legalmente establecido.

¿Cómo se interrumpe la prescripción?

Entendido el alcance y naturaleza del instituto de la prescripción, y, en concreto respecto de la extintiva, por cuanto supone para su titular la definitiva pérdida del derecho o la acción, establece el Código Civil, en su artículo 1973, que «la prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y cualquier acto de reconocimiento de la deuda del deudor». Por tanto, la interrupción de la prescripción supone la constatación de cualquiera de las causas legalmente establecidas que determinan la imposibilidad de consolidar ésta, de tal forma que se pierde el tiempo de prescripción transcurrido y que volverá a comenzar a correr una vez cese la causa que motiva la interrupción. Siendo, en definitiva, sus causas las de la reclamación judicial o extrajudicial del acreedor y cualquier acto de reconocimiento del derecho del acreedor por parte del deudor (artículo 1973 del Código Civil), a las que debe añadirse la del ejercicio de la acción penal ante los Tribunales del correspondiente orden jurisdiccional, expresamente prevista por el artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

A propósito de las causas interruptivas de la prescripción, y en armonía con la naturaleza excepcional de la propia institución, igualmente se predica su aplicación restrictiva; en idénticas palabras expone el Tribunal Supremo, sobre el referido artículo 1973 del Código Civil, que «una reiterada Doctrina de esta Sala, dictada en orden a la correcta interpretación de tal precepto, tiene declarado que los casos de interrupción no pueden interpretarse en sentido extensivo, por la inseguridad e incertidumbre que llevaría consigo la exigencia y virtualidad del derecho mismo -Sentencias de 31 de diciembre de 1917, 2 de mayo de 1918, 8 de noviembre de 1958 y 3 de junio de 1972- (Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de abril de 1989)… la doctrina de este Tribunal, abandonando la rigidez de la interpretación estrictamente dogmática de la prescripción que venía siguiéndose hasta aproximadamente el último decenio e inspirándose en unos criterios hermenéuticos de carácter lógico-sociológico… criterios que el artículo 3.1 del Código Civil más que pregonar, impone, ha señalado como idea básica para la exégesis de los artículos 1969 y 1973 del Código Civil, el que siendo la prescripción una institución no fundada en principios de estricta justicia sino en los de abandono o dejadez en el ejercicio del propio derecho y en el de la seguridad jurídica, su aplicación por los Tribunales no debe ser rigurosa sino cautelosa y restrictiva…esta construcción finalista de la prescripción, verdadera alma mater o «pieza angular» de la misma, tiene su razón de ser tanto en la idea de sanción a las conductas de abandono en el ejercicio del propio derecho o de las propias facultades, como en consideraciones de necesidad y utilidad social; consecuencia de todo ello, es que, cual tiene igualmente declarado esta Sala…cuando la cesación o abandono en el ejercicio de los derechos no aparece debidamente acreditado y sí por el contrario lo está el afán o deseo de su mantenimiento o conservación, la estimación de la prescripción extintiva se hace imposible a menos de subvertir sus esencias» (Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 2005).

En concreto, respecto de la extintiva, afirma el Código Civil que «las acciones prescriben por el mero lapso de tiempo fijado por la Ley» (artículo 1961 del Código Civil). Supone, por tanto, la extinción de los derechos y las acciones por el transcurso del tiempo, unido a su no ejercicio por parte del legítimo titular, quedando privado éste en el futuro de tal titularidad y ejercicio. Aboga el Tribunal Supremo, por la gravedad de sus efectos, por una interpretación restrictiva y cautelosa de la misma, pues, siendo «instituto jurídico cuya finalidad es dar seguridad a las relaciones jurídicas, debe aplicarse muy restrictivamente, tras la demostración cumplida de concurrir todos los requisitos», Sentencia de 6 de octubre de 1997, así como que, «sabido es, por la constante jurisprudencia recaída en torno a la admisión muy restrictiva del instituto de la «prescripción de acciones», que se deben examinar con mucho cuidado los casos en que la misma se alegue, y aplicarla sólo en los que esté suficientemente acreditada, bastando con citar… las Sentencias de esta Sala, de 6 de octubre de 1977 y de 10 de marzo de 1989, entre otras muchas, diciéndose en las mismas que dicha excepción lo que trata, como finalidad propia de la misma, es de «dar seguridad a las relaciones jurídicas, (por lo que) debe aplicarse muy restrictivamente, tras la demostración cumplida de concurrir todos los requisitos», según la primera de ellas, e insistiendo la segunda de las citadas en que debe darse «un tratamiento restrictivo del instituto de la prescripción, en cuanto que ésta, no fundada en Justicia intrínseca, se configura como limitación del ejercicio tardío de los derechos en beneficio de la seguridad jurídica».

 

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